El 12 de febrero de 1960, el Consejo de Estado resolvió un litigio que parecía técnico: una sociedad impugnaba unas infracciones creadas por decreto. La decisión dictada ese día fue mucho más allá de la cuestión de los medios de pago falsos. Obligó al juez administrativo a reconocer que el Preámbulo de la Constitución de 1958 y, con él, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se imponen a la Administración como verdaderas normas jurídicas.
Por qué el Preámbulo de 1958 planteaba un problema antes de la sentencia Eky
Antes de 1960, seguía sin resolverse una cuestión: ¿tenía el Preámbulo de la Constitución verdadera fuerza vinculante? Algunos juristas lo consideraban una declaración de intenciones, un texto solemne sin efecto directo sobre los actos de la Administración.
El Preámbulo de la Constitución del 4 de octubre de 1958 remite a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y al Preámbulo de la Constitución de 1946. Estos textos proclaman principios fundamentales: legalidad de las penas, libertad individual e igualdad ante la ley. Sin embargo, proclamar un derecho no basta para que pueda hacerse valer ante un tribunal.
La duda favorecía al poder reglamentario. En materia de infracciones, el Gobierno disponía de un amplio margen de maniobra. El artículo 34 de la Constitución reserva a la ley las normas relativas a los crímenes y delitos, mientras que el reglamento determina las infracciones. Esta distribución, codificada posteriormente en el artículo 111-2 del Código Penal, ya estaba esbozada en los textos de 1958.
En este contexto, la sociedad Eky acudió al Consejo de Estado. Un decreto del 23 de diciembre de 1958 creaba nuevas infracciones en el Código Penal. Según la demandante, estas disposiciones vulneraban el artículo 8 de la Declaración de 1789, que establece el principio de legalidad de los delitos y las penas. Al invocar este texto, la sociedad Eky obligaba al Consejo de Estado a pronunciarse sobre el valor jurídico del Preámbulo.
Para profundizar en el razonamiento del Consejo de Estado en este asunto, la sentencia Société Eky de 1960 ha sido objeto de análisis detallados que aclaran su alcance en el derecho administrativo.

Control de constitucionalidad de los actos reglamentarios: qué acepta revisar el Consejo de Estado
El Consejo de Estado, en formación de sección, dictó el 12 de febrero de 1960 una decisión con dos partes. La primera se refiere a una ordenanza adoptada en virtud del artículo 92 de la Constitución, una disposición transitoria que atribuía temporalmente el poder legislativo al Gobierno. El juez se niega a controlar este acto: al haberse adoptado en ejercicio del poder legislativo, queda excluido del recurso por exceso de poder.
La segunda parte se refiere a un decreto, un acto reglamentario ordinario. En este caso, el razonamiento cambia. El juez administrativo acepta controlar el decreto a la luz del Preámbulo. Reconoce que los principios enunciados en la Declaración de 1789, a la que remite el Preámbulo de 1958, tienen un valor jurídico superior al reglamento.
Esta distinción puede parecer sutil, pero es determinante. Esto es lo que implica en la práctica:
- El Consejo de Estado puede anular un acto reglamentario (decreto, orden) si vulnera un principio del Preámbulo o de la Declaración de 1789.
- Un acto adoptado en ejercicio del poder legislativo (ordenanza del artículo 92, ley aprobada por el Parlamento) no puede impugnarse ante el juez administrativo por este motivo.
- El juez administrativo no puede dejar de aplicar una ley que actúe como «pantalla» entre la Constitución y el acto reglamentario: es la teoría de la ley-pantalla, que limita el alcance del control.
En la práctica, Eky abre un control de constitucionalidad limitado a los actos administrativos, no a las leyes. El Consejo de Estado no se convierte en juez constitucional. Comprueba que el poder reglamentario respete las normas constitucionales cuando no hay ninguna ley interpuesta.
Sentencia Eky y bloque de constitucionalidad: un paso, no un punto final
Un error frecuente es presentar la sentencia Société Eky como la decisión que consagró el bloque de constitucionalidad. La realidad es más matizada. Eky reconoce el valor jurídico del Preámbulo ante el juez administrativo, pero fue el Consejo Constitucional quien, en su decisión del 16 de julio de 1971 sobre la libertad de asociación, incorporó formalmente el Preámbulo y la Declaración de 1789 al bloque de constitucionalidad.
Estas dos decisiones corresponden a jurisdicciones distintas y producen efectos diferentes. En 1960, el Consejo de Estado afirma que la Administración debe respetar los principios del Preámbulo. En 1971, el Consejo Constitucional afirma que el propio legislador está sujeto a ellos. Uno controla el reglamento; el otro, la ley.
¿Por qué es importante esta distinción? Porque determina quién puede invocar la Constitución y frente a qué tipo de norma. Antes de 1971, una ley podía vulnerar teóricamente la Declaración de 1789 sin que ningún juez pudiera anularla. Eky solo resolvía este problema en el caso de los actos reglamentarios.
Qué cambia la sentencia en el contencioso administrativo
Desde 1960, cualquier demandante que impugne un decreto o una orden ante el Consejo de Estado puede invocar la Declaración de 1789 o el Preámbulo de 1946 como norma de referencia. Así, el juez administrativo dispone de una herramienta de control más amplia que la mera comprobación de la conformidad con la ley.
Este mecanismo sigue vigente en el contencioso administrativo actual. El recurso por exceso de poder contra un acto reglamentario todavía puede basarse en un principio constitucional, siempre que no haya ninguna ley que actúe como pantalla entre el acto impugnado y la Constitución.

Poder reglamentario en materia penal: la dimensión olvidada de la sentencia Eky
La mayoría de los comentarios se centran en la cuestión del Preámbulo. La sentencia Eky también aclara los límites del poder reglamentario en materia penal. El decreto impugnado creaba infracciones, un ámbito en el que el Gobierno puede intervenir sin recurrir al Parlamento.
La Constitución de 1958 distribuye las competencias entre la ley y el reglamento. El artículo 34 atribuye a la ley la definición de los crímenes y delitos, así como las penas aplicables. El reglamento establece las infracciones y sus sanciones, conforme a una distribución que hoy recoge el artículo 111-2 del Código Penal.
Al validar el principio de esta competencia reglamentaria y, al mismo tiempo, someterla al respeto de la Declaración de 1789, el Consejo de Estado establece un marco claro. El Gobierno puede crear infracciones mediante decreto, pero al hacerlo no puede vulnerar el principio de legalidad de las penas (artículo 8 de la Declaración de 1789) ni las garantías fundamentales de las libertades públicas.
La sentencia Société Eky del 12 de febrero de 1960 sigue siendo una referencia en los manuales de derecho administrativo porque articula dos cuestiones que aún se plantean: el lugar de la Constitución en la jerarquía de las normas administrativas y los límites del poder reglamentario cuando afecta a las libertades. Esta doble lectura la convierte en una sentencia más rica que su mera dimensión constitucional.



